Reflexiones de Actualidad

DOI  https://doi.org/10.62364/tbjyq750

Históricamente, la acreditación se ha limitado a evaluar la infraestructura y la planta académica, ignorando el impacto social de los programas y convirtiendo la autoevaluación sólo un trámite. Las instituciones deben evaluar su capacidad para formar profesionales competentes y comprometidos con la solución de problemas sociales. Para ello, es crucial un modelo de autoevaluación institucional centrado en la justicia y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Este enfoque es fundamental para fortalecer la calidad de los programas de posgrado en México. Es esencial revalorizar la autoevaluación y verla como una práctica ética para guiar a los programas educativos hacia la excelencia y asegurar que cumplan su verdadera misión social.

Historically, accreditation has been limited to evaluating the infrastructure and the academic staff, ignoring the social impact of the programs and turning self-evaluation into a mere formality. Institutions must evaluate their capacity to train competent professionals committed to solving social problems. To this end, an Institutional Self-Assessment model focused on University Justice and Social Responsibility is crucial. This approach is essential to strengthen the quality of graduate programs in Mexico. It is essential to revalue self-evaluation and see it as an ethical practice to guide educational programs towards excellence and ensure that they fulfill their true social mission.

---

En el contexto contemporáneo de la educación superior, los programas de posgrado se enfrentan a crecientes exigencias en términos de calidad, pertinencia académica y compromiso social. La acreditación se ha consolidado como un proceso esencial para garantizar que los programas, instituciones y servicios educativos cumplan con estándares de calidad rigurosos. Este proceso no sólo representa un compromiso con la mejora continua y la excelencia, sino que también inspira confianza en la comunidad y en la sociedad en general (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012).

La acreditación de posgrados en México busca elevar la calidad y pertinencia de los programas, pero a menudo, ha privilegiado una perspectiva eficientista y homogeneizadora que simplifica la complejidad del contexto educativo. Este enfoque, centrado en el control y en técnicas métricas, ha sido reduccionista, ignorando la diversidad de las realidades formativas de estudiantes  y egresados(as). El sistema de acreditación de posgrados en México ha evolucionado en varias etapas para asegurar la calidad de los programas, como se describe a continuación.

·      Etapa 1. 1991-2001 Padrón de Posgrado de Excelencia: se enfocó en criterios cuantitativos, como el número de investigadores y la productividad científica.

·      Etapa 2. 2001-2006 Programa de Fortalecimiento al Posgrado Nacional: se ampliaron los criterios para incluir aspectos cualitativos y programas de orientación profesional.

·      Etapa 3. 2007-2019 Programa Nacional de Posgrados de Calidad: se logró estandarizar los criterios de los posgrados en México para promover su internacionalización. Además, buscaba asegurar que estos programas fueran pertinentes y estuvieran vinculados con las necesidades de la sociedad.

·      Etapa 4. Sistema Nacional de Posgrados: se alinearon los criterios de evaluación con los objetivos nacionales y se da un mayor énfasis a la pertinencia social y la interculturalidad (González Juárez & Valencia Cruz, 2025).

En este marco, el número de programas de posgrado en México ha experimentado un crecimiento notable desde 1970, un proceso impulsado por la creación de programas de reconocimiento de calidad del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por su parte, el Consejo Mexicano de Posgrado (COMEPO) reportó en 2015 la existencia de más de 8,500 programas de posgrado en el país (Bonilla Marín, 2015), y en un informe reciente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECITHI, 2025), indico que 2,435 posgrados cumplen con los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado (SNP). De estos programas acreditados, 46 corresponden a programas de posgrado en Psicología, con una concentración significativa en la Ciudad de México, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Este panorama demuestra la complejidad del sistema de acreditación en el país, ya que además del CONACYT en su momento, y ahora la SECITHI, diversos organismos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) también desempeñan un papel importante y reconocen a la autoevaluación institucional como la base para toda acreditación. 

Históricamente, los programas de fortalecimiento del posgrado impulsados por el CONACYT asumieron una homogeneidad en las condiciones de operación de los posgrados, esto generó asimetrías y desigualdades, ya que el modelo priorizaba características específicas de programas sin considerar el contexto institucional, regional o la naturaleza de las disciplinas. El modelo, si bien buscaba garantizar la calidad, privilegiaba los insumos para la operación de los programas, como las características de la planta académica (núcleo académico básico), la estructura del plan de estudios y la infraestructura institucional (laboratorios, bibliotecas, tecnologías). También se ponía un fuerte énfasis en el rigor de la selección de estudiantes y la eficiencia terminal. Una limitación significativa, señalada por Sánchez Saldaña (2010), es que este modelo minimizaba la evaluación del impacto del programa en el desarrollo social, científico y tecnológico de su entorno, así como las contribuciones a la solución de problemas reales, más allá de la mera productividad académica.

 

La autoevaluación como proceso central en la acreditación

En el centro de estos procesos se encuentra la autoevaluación institucional, una práctica colectiva diseñada para fomentar una cultura de mejora continua. Cuando se realiza con profundidad y un enfoque crítico, esta autoevaluación se transforma en una herramienta poderosa que impulsa la reflexión, la transformación y la autorregulación de la comunidad educativa (González & Cocolotl, 2020).

Resulta indispensable revalorizar la autoevaluación como práctica ética, fundada en la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y orientada a la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones transformadoras. Es por ello, que un modelo de autoevaluación robusto, anclado en la justicia y la RSU, es la herramienta más efectiva para garantizar que la acreditación no se limite a la revisión de indicadores superficiales, sino que también promueva una mejora profunda y un compromiso con las necesidades de la sociedad.

Es crucial cambiar el paradigma en la evaluación de la calidad académica, adoptando una perspectiva que considere el impacto social y ético. En este sentido, la autoevaluación institucional actúa como un catalizador de la RSU. Permite a las instituciones identificar cómo sus prácticas impactan en la sociedad y, así, integrar esta visión en sus decisiones (Peña Chamorro et al., 2018).

El modelo que se propone se fundamenta en dos pilares teóricos principales: el modelo de autoevaluación institucional de San Fabián y Granda (2013) y los principios de justicia social definidos por Murillo y Hernández Castilla (2011); y Murillo (2024), los cuales se desprenden de los aportes de Honneth (1997), Sen (1999), Fraser (2008) y Nussbaum (2011), al considerar los aspectos de distribución de capacidades reales, la libertad efectiva, los estándares mínimos de vida para todos, la dignidad y la participación.

Esta propuesta conceptualiza la autoevaluación como un ejercicio participativo y reflexivo cuyo objetivo es ayudar a las instituciones educativas a identificar fortalezas y debilidades, establecer metas de mejora concretas en el contexto educativo y movilizar a la comunidad educativa para alcanzar dichos objetivos. Este enfoque no sólo fomenta una cultura de mejora continua basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad social (Murillo, 2024; Torres, 2011), sino que también impulsa cambios estructurales y de comportamiento. Así, la autoevaluación se convierte en una herramienta clave para la innovación educativa y para la formación de ciudadanos y sociedades más democráticas e inclusivas, respondiendo a las exigencias del siglo XXI.

El objetivo de este documento es presentar el esbozo de un modelo conceptual de autoevaluación institucional con justicia y RSU en los posgrados de psicología.

Reconceptualización de la calidad en la formación psicológica de posgrado: el papel de la autoevaluación institucional

Los expertos coinciden en afirmar que para desarrollar una cultura de autoevaluación se requiere: un fuerte apoyo institucional, formación en el concepto y métodos de evaluación, dotar a los centros de recursos y materiales que faciliten su trabajo y contar con colaboradores o agentes externos para brindar asesoramiento (San Fabián & Granda, 2013). A partir de este marco, se establecen las siguientes categorías con indicadores y preguntas guía respectivas para dirigir la autoevaluación con base en la perspectiva social propuesta. 

Calidad y distribución justa

Este principio fundamental establece que la excelencia educativa (alta calidad) es inseparable de la equidad social. El objetivo es asegurar que el programa no sólo forme profesionales de excelencia, sino que también reduzca activamente las desigualdades sociales de origen. Es decir, se trata de un compromiso institucional para: a) garantizar la calidad de la formación para el estudiantado, asegurando la pertinencia, rigor y actualización del conocimiento; y b) activar la justicia distributiva, dedicando intencionalmente más recursos, apoyos y atención especializada (financieros, académicos y humanos) a aquellos individuos y grupos que enfrentan mayores barreras socioeconómicas, históricas o estructurales para acceder, permanecer y egresar del programa. 

Indicador: Inclusión de competencias profesionales y transversales de intervención social y enfoque en equidad (ej. trabajo con poblaciones vulnerables o en contextos de alta necesidad) en el perfil de egreso de estudiantes de posgrado de psicología.

Preguntas guía:

·      ¿Cómo se garantiza la integración profunda y práctica del enfoque en equidad y el trabajo con poblaciones vulnerables o de alta necesidad en las actividades académicas (cursos, seminarios y prácticas) del plan de estudios de posgrado?

·      ¿Qué procesos y herramientas se utilizan para diagnosticar y anticipar las necesidades sociales emergentes y las brechas de equidad en la región, asegurando que la actualización de las competencias de intervención se base en evidencia y pertinencia social?

• ¿De qué manera el plan de estudios dedica recursos (tiempo, asignaturas obligatorias, experiencias de campo) específicos a desarrollar la capacidad de los egresados para actuar como agentes de justicia social y reducir las desigualdades a través de la intervención psicológica?

 

Indicador: Proyectos de investigación realizados por estudiantes de posgrado que aborden problemáticas sociales.

Preguntas guía: 

• ¿Qué mecanismos institucionales formales (convenios, modelos de extensión/vinculación) existen para asegurar la traducción o transferencia de los resultados de la investigación estudiantil en acciones, políticas o programas concretos que beneficien a las comunidades o poblaciones estudiadas?
• ¿Cómo se mide o evalúa la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de los proyectos de investigación en las comunidades intervenidas, más allá de la finalización del trabajo académico (tesis/proyecto), asegurando que respondan a las necesidades reales identificadas por la propia población?
• ¿Qué incentivos, apoyos o reconocimiento se ofrecen específicamente a los estudiantes y docentes para que dediquen tiempo y recursos a la implementación o difusión activa de sus hallazgos fuera del ámbito académico (ej. financiamiento para proyectos piloto, publicación de materiales de divulgación, apoyo para la gestión de políticas)?

 

Reconocimiento e identidad 

Este principio fundamental promueve la valoración activa y el respeto incondicional de la diversidad humana en todas sus dimensiones (culturales, étnicas, de género, orientación sexual, capacidades, socioeconómicas y cosmovisiones). Se centra en garantizar la plena visibilidad y pertenencia de las identidades individuales y colectivas, creando un entorno donde se promueve el reconocimiento, es decir, se validan las historias, los conocimientos y las experiencias particulares de cada persona o grupo; así como la identidad, entendida como, acciones que fomentan la expresión auténtica y proporcionan la seguridad necesaria para que los individuos desarrollen un sentido de sí mismos positivo y valorado dentro de la comunidad o institución.

Indicador: Intervenciones culturalmente sensibles. Evalúa la calidad y el respeto con que se llevan a cabo las intervenciones, asegurando que no sean impuestas, sino diseñadas en colaboración con las comunidades.

Preguntas guía:

·      ¿Cómo se integra la voz y el conocimiento de la comunidad (ej. a través de evaluadores comunitarios o validación cultural) en los criterios e instrumentos de evaluación de las intervenciones? 

·      ¿Qué estrategias curriculares y extracurriculares permanentes (ej. formación obligatoria en interculturalidad, mediación de conflictos) se implementan para transformar la cultura institucional de estudiantes y docentes y promover el respeto activo a la diversidad?

Indicador: Percepción estudiantil sobre el ambiente de respeto.

Preguntas guía: 

·       ¿Con qué frecuencia y metodología (ej. encuestas anónimas con enfoque interseccional, grupos focales representativos) se monitorea y evalúa la percepción de estudiantes y docentes sobre el clima de respeto, equidad e inclusión?

·       ¿Qué ruta de acción o política institucional (protocolo) se activa inmediatamente después de la evaluación para traducir los hallazgos en cambios curriculares, normativos o de infraestructura que atiendan las áreas débiles identificadas?

Participación integral

Este principio se enfoca en fomentar la Agencia de Cambio y la corresponsabilidad social. Busca capacitar a los estudiantes y docentes para que ejerzan un liderazgo efectivo y ético en la transformación social, a través de su participación activa y formal en la definición de los procesos de aprendizaje, la generación de conocimiento y la toma de decisiones institucionales y comunitarias relevantes. 

Indicador: Formación en habilidades colaborativas e interprofesionales.

Preguntas guía:

·       ¿Qué porcentaje del tiempo curricular obligatorio está dedicado a proyectos de intervención social que involucren colaboración sistemática y formal con profesionales de otras disciplinas y actores comunitarios?

·       ¿Qué estrategias institucionales de formación y actualización docente se ponen en marcha para que la planta académica desarrolle competencias de inclusión, atención a la diversidad, responsabilidad e incidencia social y las incorpore en su práctica docente?

·       ¿Qué instrumentos o metodologías de evaluación específicos (ej. evaluaciones 360°, rúbricas interprofesionales) se utilizan para medir el desarrollo y la demostración de las habilidades de incidencia y negociación en contextos colaborativos reales?

·       ¿Existe un mecanismo documentado y periódico que garantice que la retroalimentación de egresados y empleadores sobre el liderazgo social se utilice para generar cambios obligatorios en el plan de estudios?

Como se observa, se han señalado diversas categorías con indicadores y preguntas guía respectivas para dirigir la autoevaluación con base en la perspectiva social propuesta, los cuales también coinciden con los siete criterios propuestos en la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (PNEAES) establecidos en el Marco General del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, a saber: compromiso con responsabilidad social; equidad social y de género; inclusión; excelencia; vanguardia; innovación social e interculturalidad (SEP, 2023).

Al adoptar estos principios, los programas de posgrado en Psicología pueden formar profesionales no sólo competentes, sino también comprometidos con la mejora de su entorno social.

Conclusiones

Al integrar la autoevaluación institucional de programas de posgrado en Psicología, se pueden incorporar de manera efectiva elementos de pertinencia social, justicia, responsabilidad y orientación comunitaria. Este enfoque asegura que los futuros psicólogos no sólo adquieran competencias técnicas, sino que también desarrollen un profundo sentido de ética y respeto por las comunidades. La autoevaluación les permite ver a estas comunidades no como objetos de estudio, sino como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. En este sentido, la formación debe ir más allá de una relación de beneficiario-experto. Debe centrarse en las características y necesidades de las comunidades para empoderarlas, transformándolas en ciudadanos autónomos capaces de impulsar su crecimiento. De esta forma, los posgrados en psicología fortalecen la autogestión y el liderazgo local, impulsando un desarrollo sostenible que parte del potencial inherente de cada grupo social.

Mtro. Juan Grapain Contreras

Innovación y desarrollo

Copyright © 2024 CNEIP A.C. Todos los derechos reservados.